Paz para Colombia

Por Alejandro Kirk

Por falta de recursos para financiar buses, miles de campesinos colombianos -desplazados de guerra- iniciaron hace tres días una caminata hacia Bogotá para sumarse a la jornada mundial de homenaje a "las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes del Estado" en Colombia, que se celebra hoy jueves.

Esta jornada, convocada internacionalmente por facebook.com es una respuesta a la marcha organizada el 4 de febrero pasado, cuando los grupos que sostienen al Gobierno de Álvaro Uribe intentaron focalizar en las FARC toda la responsabilidad por la violencia, que se inició hace 60 años.

En Chile estamos tan ocupados mirándonos el ombligo que ni nos enteramos, y los noticieros se encargan, debidamente, de aumentar la ignorancia difundiendo sólo la versión "oficial" de todo lo que ocurre allá.

La movilización de hoy no es en favor de las FARC, como lo ha pintado la propaganda oficial colombiana, sino de rechazo a la guerra.

Tal y cual lo fue la del 4 de febrero, cuando las encuestas realizadas entre los manifestantes mostraron que 80% estaba a favor de un acuerdo de intercambio humanitario de prisioneros, y de una solución negociada a la guerra civil, según informó el diario bogotano El Espectador.

Mientras se condena, con toda justicia, que la guerrilla secuestre civiles, se ignora que los grupos paramilitares de derecha y las fuerzas de seguridad del Estado son responsables de la desaparición de 15 mil personas, casi diez mil asesinatos y el robo de cuatro millones de hectáreas de tierra en los últimos 20 años.

Cuatro millones de campesinos colombianos han debido abandonar sus hogares a causa del conflicto, y sus tierras pasaron en su mayoría a manos de terratenientes vinculados a los paramilitares.

En 1985, tras un proceso de negociaciones con el Gobierno del Presidente Belisario Betancur, las FARC aceptaron integrarse a la vida política mediante un partido, la Unión Patriótica.

En 1988 ya habían sido asesinados su candidato presidencial y cuatro parlamentarios, en una campaña de exterminio que Amnesty International vinculó directamente al Estado, al narcotráfico y a los paramilitares.

En total, cinco mil dirigentes de la UP fueron asesinados, terminando con toda ilusión de que la guerra pudiera finalizar con una integración unilateral de este tipo.

Ahora las FARC demandan un acuerdo para la reestructuración del aparato estatal, y lo hacen sobre la base de su control de casi la mitad del territorio nacional.

Hasta los ataques a las torres gemelas de Nueva York, ocurridos en 2001, las FARC eran reconocidas como una fuerza beligerante.

Eso permite negociar y demandar adhesión a normas del derecho humanitario, como la liberación de los rehenes civiles. Pero como ahora son sólo "terroristas", igual que Al Qaeda, tal diálogo es imposible.

La historia enseña que cuando se mata al mensajero es porque se desea la guerra. Eso fue lo que ocurrió esta semana en suelo ecuatoriano.

*tutomate.wordpress.com