por Armando Uribe Echeverría - Profesor asociado, Universidad de Cergy-Pontoise.
La realidad no les cabe en la cabeza. El gobierno trata desesperadamente de entender lo que está ocurriendo en las calles de Chile. Un número importante de organismos del Estado, sobre todo los que manejan los asuntos de seguridad, el análisis político y la gestión de crisis, están apremiados de preguntas para las cuales no tienen respuestas: qué organizaciones están detrás de las movilizaciones, quiénes son los dirigentes, si tienen o no nexos con grupos terroristas o extremistas, cuáles son los márgenes de negociación.
Están condenados a analizar textos y reivindicaciones, a revisar las páginas Internet y las redes sociales, a estudiar libros y documentos que hablen sobre movimientos estudiantiles, comunistas, anarquistas, sindicales, medioambientalistas, indígenas, anti-neoliberales, etc. Tratan de saber si se trata de una maquinación, de una maniobra, de un ensayo de desestabilización con nexos en el extranjero (vaya uno a saber), de un asunto de índole terrorista…
No conoceremos nunca, por cierto, la extensión de sus indagaciones, hasta dónde les ha llevado o llevará la angustia de no tener solución para lo que le está pasando a la derecha. Exasperado, el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín Peña, senador a dedo, se sale de sus carriles clamando: “¡No nos va a doblar la mano una manga de inútiles subversivos, que están instalados muchos de ellos desgraciadamente en un Parlamento, que no supimos ganar!” Antes de perder el control de manera tan llamativa y sacar a lucir el vocabulario de Pinochet, tal vez podría Larraín haberse percatado que las marchas y cacerolazos no son dirigidos desde el parlamento, y haberle preguntado su opinión a Marcelo Schilling, diputado inicialmente nombrado a dedo también, especialista de asuntos clandestinos.
Aunque en mi opinión no hubiera aprendido nada: el Partido Socialista de Chile, como el gobierno y los partidos políticos en general, tampoco entiende o quiere entender lo que está pasando.
En primer lugar el gobierno y la oposición se niegan a entender que el desasosiego en la educación —su carestía, su inequidad, su inepcia—, ya no se restringe a ese único campo.
En segundo lugar que los escolares, los estudiantes, los profesores, los apoderados, etc., están trazando una línea: a un lado casi toda la sociedad civil, y al otro casi toda la sociedad política.
En tercer lugar que los partidos políticos, hasta los más pequeños, tienen poca o ninguna influencia en esto, para qué hablar de supuestos terroristas o manipuladores extranjeros.
En cuarto lugar, que una nueva generación llegó a madurez. Como lo escribe un(a) joven anónimo(a) en un blog, “La gente se pregunta por qué ahora se hace el movimiento estudiantil. ¿Por qué ahora que la derecha está en el poder? Es porque cuando asumió Aylwin yo estaba recién naciendo. Cuando Frei fue presidente, yo estaba en el jardín o entrando al colegio. Cuando estaba Lagos, recién estaba dejando de lado mi muñeca o dejando de jugar a las cartas pokemon. Y cuando Bachelet fue presidenta, participé de la revolución pingüina y creí que los políticos eran verdaderos y depusimos las movilizaciones. Y ahora que está Piñera estoy grande y veo la realidad de mi país. Esto es un cambio generacional, no se trata de cagar a Piñera, somos la generación que nació libre, libre de miedo a expresarse, pero no libre de luchar por lo que queremos.”
Que les produzca terror es lo de menos. Las asesorías que están pidiendo a diestra y a siniestra (se dice que hasta en Canadá), no les servirán de nada, mientras no admitan estos hechos.
Lo que se preguntan unos y otros es cómo salir de esto. Sin embargo cada vez que las radios interrogan a colegiales de uniforme, estos dan la respuesta sin vacilar: una nueva Constitución, mediante una Asamblea Constituyente.
Los estudiantes secundarios son perspicaces, los políticos no.
Parlamentarios y partidos han tratado de minimizar (cuando no de ocultar) el asunto haciendo proposiciones de plebiscito acerca de la educación, lo que sigue siendo notoriamente insuficiente, porque la solución es sin duda ninguna abrir el camino hacia una nueva Constitución, a condición de no ser elaborada de forma privada, reservada y secreta como se hizo con la de 1980 y con el cuerpo de reformas constitucionales de 2005.
No es una opinión de anarquistas desalmados, de mapuches subversivos ni de flaites extremistas. Lo dijo con estas mismas palabras una persona indudablemente razonable y moderada, el abogado DC Hernán Bosselin Correa, en un congreso dedicado a la “Reforma política y nueva Constitución”
(Universidad Central, 25 de agosto de 2008):
“¿Cuál es la diferencia entre una reforma, un cambio, una nueva Constitución elaborada con la participación del pueblo soberano a través de una instancia democrática a la cual le damos el nombre de Asamblea Constituyente, y una reforma constitucional elaborada por una comisión reservada de senadores o diputados? La diferencia es de carácter sustancial.
El país, la comunidad nacional está reclamando tener participación, participar en el manejo de la cosa pública, no ser excluido, no ser eliminado y no entregar el manejo de la cosa pública al monopolio de determinados partidos políticos. Estamos viviendo un proceso de deterioro progresivo y muy profundo de lo que son los partidos políticos en la consideración pública, y también estamos viendo cómo la opinión pública desvaloriza en un porcentaje realmente preocupante lo que es la democracia. Interesar a la comunidad nacional en participar en la elaboración de una nueva Constitución es generar una dinámica muy poderosa, muy potente para introducir cambios en la sociedad chilena […] Ir a la dictación de una nueva Constitución, a la elaboración de un nuevo cuerpo constitucional no solamente es una necesidad de carácter político, o un tema de tratadistas de derecho constitucional o de personas preocupadas por el punto de vista ideológico o doctrinario, sino que es una necesidad del cuerpo social, desde el punto de vista económico y social, para lograr alcanzar el desarrollo.”
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